El gobierno de Axel Kicillof autorizó el traslado de la sede de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) a la provincia de Buenos Aires, atendiendo un pedido de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado previamente la mudanza y continúa investigando posibles irregularidades contables en la entidad.
La AFA atraviesa un momento complicado, con investigaciones que incluyen empresas fantasma que habrían recibido fondos desviados, denuncias sobre una propiedad en Pilar vinculada al tesorero Pablo Toviggino, acusaciones de evasión fiscal y maniobras judiciales para que ciertas causas queden bajo jueces afines.
Este miércoles, la IGJ solicitó la designación de veedores oficiales para supervisar las cuentas de la AFA, tras el incumplimiento de la entrega de documentación complementaria por parte de la entidad. El organismo busca información detallada sobre las sociedades vinculadas a Tapia y Toviggino, revisando los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025.
En respuesta, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, informó que la provincia de Buenos Aires ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la intervención de la IGJ, lo que podría frenar la investigación y derivar en un conflicto judicial. La resolución provincial fue firmada por Silvia Andrea García, directora de Personas Jurídicas bonaerense, mientras que la IGJ había notificado a la AFA horas antes.
La semana pasada, la IGJ había rechazado el traslado de la sede social al constatar que no existían oficinas ni instalaciones en el lugar indicado, concluyendo que se trataba más de un cambio de jurisdicción que de un traslado real. Desde el Gobierno nacional aseguran que la medida provincial “no altera los procedimientos” y que continuarán con la designación de veedores para supervisar a la AFA.
